FUENTE: Por Carlos Caiceros // e-veracruz.mx
Xalapa, Ver.- Tras suspender actividades desde el 17 de marzo de 2020 con la emergencia sanitaria de la enfermedad del SARS-CoV2, el Poder Judicial de Veracruz acumula una parálisis de 105 días e incurre en una violación parcial de los derechos básicos de acceso a la justicia y al debido proceso, según expertos en Derecho.
Por lo anterior el Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, A.C., así como el Colegio de Juristas y Profesionistas Afines de la Ciudad de Veracruz, Boca del Río y Medellín, A.C. promovieron una solicitud de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abrir “en amplitud” la justicia en línea de modo paralelo al protocolo judicial estatal para la nueva normalidad.
Dicha petición recibió el número de expediente 607/2020, formulada ante una supuesta violación de derechos del Poder Judicial del Estado al no implementar los juicios virtuales o en línea o bien mecanismos de convivencia familiar bajo supervisión.
En tanto, el pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz resolvió dar inicio al periodo vacacional de dicha soberanía del 1 al 10 de julio y del 13 al 31 de julio de 2020.
Para esto, el pleno dispuso guardias para dar atención a procesos en materia civil, familiar y oral-mercantil; sin embargo no implica la emisión de resoluciones o acuerdos de los tribunales; los encargados simplemente admitirán los trámites ya que la suspensión continuará hasta agosto.
JUSTICIA INMÓVIL
El pasado 17 de marzo y por medio del comunicado 02/2020, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta anunció la suspensión de labores a partir de esa fecha y hasta el 17 de abril de 2020.
“En atención a la contingencia de salud pública que afecta recientemente nuestro país por el virus denominado Coronavirus Covid-19, como medida para salvaguardar la integridad de todos los integrantes del Poder Judicial”.
Tras dicha resolución, el Pleno del Poder Judicial emitió dos prórrogas más para la suspensión de labores, una, del 18 de abril al 28 de mayo y otra, del 1 al 30 de junio de 2020.
Sin embargo el pleno de la Judicatura resolvió este 30 de junio dar inicio a un mes de vacaciones en el Tribunal Superior de Justicia y con este un nuevo período de suspensión, aunque la parálisis del sistema judicial de Veracruz acumula tres meses y 13 días continuos.
Dada la interrupción de labores en la Soberanía y la negativa de la Judicatura de diseñar e implementar medios de justicia no-presenciales, abogados veracruzanos acusaron al Poder Judicial de incurrir en actos parcialmente violatorios del derecho humano de acceso a la justicia y al debido proceso.
Por ejemplo la abogada María de la Luz Benítez García acusó a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta de incurrir en omisión y de no buscar soluciones para dar atención a los procesos en los juzgados.
“Le exigimos reiniciar actividades porque se ha olvidado que la justicia es esencial; los justiciables que tienen asuntos detenidos están siendo vulnerados en sus derechos“.
Por su parte, el abogado postulante Agustín Carpio Pérez, advirtió que otro derecho pasado por alto en el Poder Judicial es el relativo a que hijos e hijas puedan a pasar tiempo con el padre o la madre que no tiene la custodia legal por medio de los centros de convivencia.
“La agenda del centro de convivencia se suspendió y los menores han quedado en limitación en contacto con el progenitor no custodio”, alertó.
Además, el 18 de mayo de 2020, un grupo de abogados encabezados por Gabriel Andrés Campoli promovieron la demanda de amparo 256/2020 ante el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Boca del Río y con la cual solicitan la aplicación de sistemas en línea y medios digitales para trámites judiciales y administrativos.
En el recurso urgieron a un uso de medios electrónicos, como videoconferencias, para realizar procesos judiciales y trámites a distancia, para dar curso a la impartición de justicia por parte del Poder Judicial.
Posteriormente, el 31 de mayo los litigantes solicitaron la protección de la justicia federal para dejar sin efecto el resolutivo 11/2020 con fecha 28 de mayo de 2020 y con el cual, el Consejo de la Judicatura dispuso la suspensión de actividades del 1 al 30 de junio.
Firmaron la petición Gabriel Andrés Campoli, Martín Lozano Sánchez, Saulo Gustavo Jiménez Esquivel, Roberto Pablo Mercado Zamora, Agustín Carpio Pérez, Jhonny Archer Rodríguez, María Estela Mortera Liñan, Nallely Berenice Bravo Raygoza y Evangelina Esquivel Ruiz.
A pesar que el Juzgado de Distrito admitió los trámites, el Poder Judicial de la Federación no resolvió debido a una parálisis similar en su estructura desde el 18 de marzo por consecuencia de la emergencia por el covid-19.
“La suspensión decretada implica que no correrán plazos procesales. Únicamente quedan exceptuados de la medida anterior los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia y exclusivamente para la atención de asuntos urgentes” dictó el Consejo de la Judicatura Federal.
De este modo, los juzgados de distrito solo emiten suspensiones de actos reclamados de autoridades.
DE VACACIONES
Este martes 30 de junio el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz aprobó el inicio del periodo vacacional del 1 al 10 de julio y del 13 al 31 de julio de 2020.
Por lo anterior se establece un calendario de guardias para que los abogados postulantes “tengan la oportunidad de iniciar procesos y procedimientos en las materias civil, familiar y oral-mercantil, incluyendo la modalidad digital, para la recepción de demandas y promociones iniciales de diligencias de jurisdicción voluntaria, durante el período de guardia”.
Cuando se reanuden las labores ordinarias, se procederá con la publicación de acuerdos, decretos, sentencias y resoluciones pronunciadas por el personal de guardia en los diversos juzgados, así como la modalidad de trabajo en casa.
De este modo, aunque la guardia dicte una sentencia esta se publicará y entraría en vigor al finalizar el periodo vacacional, esto es, en agosto de 2020.
Por lo anterior, la organización Transparencia Mexicana advierte de una “limitación al acceso a la justicia para las personas” con la parálisis en el Poder Judicial en Veracruz y en once entidades más.
Otro aspecto observado por Transparencia Mexicana es la negativa del Poder Judicial del Estado para transparentar sus audiencias penales a través de mecanismos digitales.
Si bien por disposición Constitucional las audiencias penales son públicas, solo el Poder Judicial del Estado de Coahuila prevé mecanismos para dar publicidad a estas audiencias cuando se llevan a cabo por videoconferencia.
BUSCAN A LA CIDH
El Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, A.C., así como el Colegio de Juristas y Profesionistas Afines de la Ciudad de Veracruz, Boca del Río y Medellín, A.C., confirmaron que solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la aplicación de medidas cautelares para abrir “en amplitud” la justicia en línea en Veracruz.
Con lo anterior, se atendería el derecho a la justicia y al debido proceso de los justiciables por consecuencia de la parálisis en el Poder Judicial.
La petición la formularon los abogados Valentín Olmos Alfonso, Roberto Mercado, Roberto Montes y Gabriel Campoli, y esta recibió el número de expediente 607/2020.
De este modo dicha Comisión podrá solicitar a un Estado la aplicación de medidas cautelares en caso de situaciones de gravedad y urgencia “que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas” explica el reglamento de la propia CIDH.
