El narcoestado ya fue nombrado
Amlo y su alianza con los carteles ya cobran facturas
Despacho 14
El violento oficio de escribir
Por Alfredo Griz
La Casa Blanca rompió el pacto del silencio: “Las organizaciones mexicanas del narcotráfico mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México”. No fue un desliz diplomático. Fue una acusación directa. Una sentencia política. Y un aviso.
Si el Estado mexicano protege, consiente o se beneficia de los cárteles —los mismos que han inundado de muerte a México y de fentanilo a Estados Unidos— entonces no estamos ante una diferencia bilateral, sino ante un narcoestado en funciones. Un vecino inmediato, con más de 3,200 kilómetros de frontera, operando como socio del crimen organizado. Eso, para Estados Unidos, es inaceptable. Y peligroso.
La Casa Blanca lo dijo sin rodeos, casi como quien deja una granada debajo de la mesa y se va: “Las organizaciones mexicanas del narcotráfico mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México”. La frase apareció discretamente en un comunicado sobre aranceles, pero su carga política fue devastadora. No era un matiz diplomático. Era una acusación directa. Y sí, cimbró a México.
Porque si esto es cierto —si el Estado mexicano actúa en concierto con los cárteles, si los protege, los consiente o se beneficia de ellos— entonces no estamos ante una diferencia bilateral más, sino frente a un parteaguas histórico.
Un Estado vecino, con más de 3,200 kilómetros de frontera compartida con Estados Unidos, aliado de organizaciones criminales responsables de cientos de miles de muertes. Eso no es tolerable. No lo fue Panamá con Noriega. No lo fue Al Qaeda con Bin Laden. Y esto, por proximidad y escala, sería peor.
La pregunta obligada es: ¿exageración retórica o realidad incómoda?
Para cualquiera que haya trabajado durante años en la relación México–Estados Unidos, la respuesta es tan clara que casi resulta insultante formularla: sí, es cierto. Tan cierto que la sorpresa no es que Donald Trump haya hablado de un narcorégimen, sino que Washington haya tardado tanto en hacerlo. Tras años de anestesia política bajo la administración Biden, Estados Unidos simplemente despertó.
Los detalles de la colusión entre el régimen mexicano y los cárteles —especialmente el de Sinaloa— llenarían volúmenes enteros. No hace falta citarlos todos. Basta entender el marco general: México es hoy un régimen populista, unipartidista en los hechos, ideológicamente alineado con Cuba y Venezuela. Como ellos, utiliza al crimen organizado no solo como fuente de lucro, sino como instrumento de control interno y proyección externa, particularmente hacia Estados Unidos.
En el centro de esta historia está Andrés Manuel López Obrador. Presidente entre 2018 y 2024, jefe político real de MORENA hasta hoy, y figura ampliamente señalada —dentro y fuera de México— por su relación con el Cártel de Sinaloa. Su comportamiento no fue discreto: defendió sistemáticamente a ese grupo criminal, incluso frente a su propio aparato de seguridad.
Visitó Badiraguato más veces que Washington. Rindió homenaje público a la madre de “El Chapo”. Ordenó liberar a uno de sus hijos. Intervino para rescatar al general Salvador Cienfuegos de la justicia estadounidense. Ató de manos a las agencias norteamericanas en México y llegó a prometer el uso del Ejército mexicano contra cualquier acción de Estados Unidos contra los cárteles.
Y no, esta no es ni siquiera la lista completa.
AMLO nunca temió la reacción del público mexicano. ¿Para qué? Lo que sí lo alteró fue que investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense —publicadas por ProPublica y el New York Times— volvieran a la luz, señalando posibles vínculos financieros entre él y el Cártel de Sinaloa. Investigaciones que habían sido congeladas por administraciones anteriores, demasiado cómodas con la izquierda latinoamericana. Cuando reaparecieron, López Obrador no defendió su inocencia: amenazó a periodistas.
Como todos los capos, Andrés Manuel no le teme a la justicia mexicana. A la que sí le teme es a la justicia estadounidense.
Pensar que se trata de un caso aislado sería ingenuo. En esta historia aparecen nombres conocidos: Salvador Cienfuegos, “El Padrino”; Adán Augusto López, quien incorporó operadores del CJNG a su estructura en Tabasco; Cuitláhuac García, en Veracruz, pactando la entrada del Cártel del Noreste. Y detrás de ellos, una larga fila de funcionarios y cuadros de MORENA que entregaron pedazos del Estado a organizaciones que hoy Estados Unidos clasifica como terroristas extranjeras.
El terror no es abstracto. En México se mide en cientos de miles de muertos. En Estados Unidos, en fentanilo, tráfico humano y comunidades devastadas. Lo que muchos estadounidenses aún no comprenden es que esta alianza no solo mata: también busca influir políticamente dentro de su país.
MORENA opera células en ciudades estadounidenses. Los consulados protegen flujos de remesas que engrasan la maquinaria criminal. Se organizan protestas, campañas, símbolos. Existe la fantasía —confesada por asesores del poder— de usar a la diáspora mexicana como instrumento político dentro de Estados Unidos. Puede ser un delirio. Pero es un delirio peligroso.
El relevo presidencial de 2024 no cambió nada. Claudia Sheinbaum heredó intacto el aparato, las lealtades y los pactos. Por eso la reacción airada del oficialismo ante las palabras de la Casa Blanca no es solo nacionalismo reflejo: es miedo. Miedo al único sistema judicial que todavía puede tocar a los intocables.
Trump hizo lo impensable en la diplomacia moderna: dijo la verdad sin anestesia. Existe una alianza intolerable entre el Estado mexicano y los cárteles. Las consecuencias de esa verdad están ahora en manos de Washington. La responsabilidad, toda, recae en el gobierno de México.
Y esta vez, el silencio ya no es una opción. Porque cuando un Estado se vuelve socio del crimen, deja de ser víctima y pasa a ser cómplice. Y los cómplices, tarde o temprano, pagan la cuenta.
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