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- Mientras un juez le dicta dos meses de prisión preventiva, la Unidad de Inteligencia Financiera alista otra denuncia en su contra
La Fiscalía General de la República imputó los delitos por la presunta omisión al momento de evitar o denunciar actos ejecutados por terceros, que causaron un daño a la hacienda pública por más de cinco mil millones de pesos.
Mientras ese presunto quebranto se ejecutó a través de 27 convenios de colaboración firmados entre 2013 y 2018 por las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (al mando de Robles) con diversas universidades de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo y Chiapas, ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que ya iniciaron un proceso de análisis para presentar una nueva denuncia, ya que se detectaron 105 convenios adicionales reportados por la Auditoría Superior de la Federación.
Estos casos, explicó, sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Rosario Robles como de sus colaboradores, por lo cual la investigación continúa. Añadió que se solicitó información y apoyo a las unidades financieras de otros países para detectar montos que hubieran sido transferidos. “Hasta este momento tenemos siete personas con cuentas congeladas, con montos variables que llegan a los 12 millones de pesos. Estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de la localización particularmente de las empresas fachada”.
Antes de ser sentenciada a dos meses prisión preventiva, con su equipo de seis abogados, Robles escuchó atenta el veredicto del juez. Con voz entrecortada y evidente cansancio, rogó por su libertad y alegó que no tiene patrimonio ni millones de pesos para huir de la justicia. Anoche, su abogado Julio Hernández declaró que el juzgador aplicó “razonamientos poco apegados a Derecho, sin fundamento”.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó del caso y señaló que “no es un asunto” del Gobierno federal. “Es un logro el que no haya impunidad”.
Piden a Rosario Robles pruebas contra Meade y Peña Nieto
Las últimas horas de libertad de Rosario Robles las pasó entre sus abogados, papeles y un juez que no escuchó su ruego de no someterla a prisión.
La audiencia de vinculación a proceso en la que su defensa presentaría las pruebas a su favor estaba programada el lunes a las 18:00 en el Reclusorio Sur. Desde una hora antes, la ex funcionaria arribó al lugar en una camioneta BMW y vestida de blanco con una mascada roja que adornaba su cuello. “Estoy aquí para presentar la defensa y para demostrar mi inocencia… y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial. Estoy aquí con las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos y dando la cara”.
Robles se enfrentó a la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por el ejercicio indebido del servicio público, al supuestamente omitir alertar al ex presidente Enrique Peña Nieto sobre los desvíos ocurridos durante su administración al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que ocasionaron un daño al erario por cinco mil 73 millones de pesos.
Al considerar el volumen de la documentación que presentaron los abogados de Robles, los fiscales solicitaron un receso de una hora y el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, aprovechó el momento para reprenderlos. “No les voy a dar una hora y no sé para qué me vienen a pedir permiso, si ya saben que es su obligación”.
Al regresar a la sala de audiencias, el abogado Rogelio Ramírez enunció los 32 datos de prueba a favor de Rosario Robles. Pero la Fiscalía logró que el juez desechara dos testimoniales y una pericial de la defensa.
Una de las testimoniales fue la de María Eugenia Romero Martínez, ex secretaria particular de Rosario Robles, quien refirió que la ex funcionaria comunicaba las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ex presidente Enrique Peña Nieto, pero también instruía al oficial mayor, Emilio Zebadúa, para solventar las mismas.
El abogado respondió la solicitud de vinculación a proceso emitida por la Fiscalía General y se refirió a sus 24 dictámenes emitidos sobre las irregularidades, mismos que, aseguró, fueron realizados cuando los contratos cuestionados ya habían sido consumados, por lo que Rosario Robles no podía frenarlos ni prevenirlos. Además, argumentó que algunos dictámenes fueron emitidos cuando Robles ya no estaba en las secretarías, por lo que no le correspondía a ella solventar las observaciones sino a sus sucesores. “Es un acto de cinismo decir que ella no era responsable porque los dictámenes fueron emitidos fuera de su esfera jurídica… porque ya no era servidora pública”, calificó el juzgador.
La sucesión
En la sucesión de Sedesol, los abogados refirieron que Robles informó al nuevo titular, José Antonio Meade, qué observaciones habían sido solventadas y cuáles estaban pendientes, según el anexo 21, folios 630 al 633, del acta de entrega-recepción. “Esto es una joya y no lo trajeron por casualidad”, enfatizó el juez. Y luego emplazó a la defensa para que el 16 de agosto próximo entregue copia certificada del acta de entrega-recepción de la Sedesol a la Fiscalía para que determine si investigará a Meade por no cumplir con su obligación de solventar las observaciones.
La defensa presentó las resoluciones del Órgano Interno de Control de la Sedesol y Sedatu que concluyeron que no existieron las irregularidades observadas por la Auditoría, que los entes contratados sí cumplían con los requerimientos técnicos y que no había elementos para fincar responsabilidades.
Al detallar la entrevista que el abogado realizó a la propia Robles, relató que la ex secretaria sí notificó directamente a Enrique Peña Nieto las observaciones a través de la “línea roja”, en reuniones de gabinete y en giras de trabajo. El juez observó que la defensa no presentó ningún oficio que acredite que Peña Nieto tuviera conocimiento de los hechos, por lo que sugirió que de existir un aviso por escrito y no presentarlo ante la Fiscalía, Robles estaría encubriendo al ex presidente.
Rosario Robles arribó ayer por la mañana a Santa Martha Acatitla. Su defensa aún no determina la estrategia legal, pero afirma que estará libre en dos meses. EFE /informador.com