Ingresaron sin orden de cateo a una bodega ubicada en Río Blanco, Veracruz, torturaron a sus empleados, los detuvieron arbitrariamente y les fabricaron pruebas para imputarles los delitos de ultrajes a la autoridad y contra la salud.
AL CALOR POLÍTICO
XALAPA, VER.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo pública la Recomendación por Violaciones Graves de Derechos Humanos 88/2023, en la que acreditó que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellos, el director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Rodolfo Astudillo Medina, ingresaron sin orden de cateo a una bodega ubicada en Río Blanco, Veracruz, torturaron a sus empleados, los detuvieron arbitrariamente y les fabricaron pruebas para imputarles los delitos de ultrajes a la autoridad y contra la salud.
En la recomendación, la CNDH confirma la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y a través de videos, testimonios y peritajes logró acreditar que el día 19 de junio de 2021, las 6 víctimas no fueron detenidas en las circunstancias señaladas por la autoridad, que no portaban armas de fuego y que nunca agredieron a los elementos ministeriales que simularon que las víctimas habían sido detenidas en flagrancia.
Además, la resolución detalla que las víctimas fueron torturadas, pues se les asfixió con bolsas de plástico; las golpearon y amenazaron con matar a sus familiares si no firmaban declaraciones en las que se autoinculpaban.
Por todo ello, es que la CNDH señala que se violaron sus derechos humanos a la integridad personal, a la libertad, legalidad, seguridad jurídica, así como a la privacidad del domicilio, con motivo de la detención arbitraria, retención ilegal y tortura.
Asimismo, el organismo nacional encontró evidencia para acreditar que al momento en que se detuvo ilegalmente y torturó a las víctimas estuvo presente quien hasta hoy se mantiene como Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la FGE, Rodolfo Astudillo Medina, a quien la CNDH solicita se le investigue penal y administrativamente.
Cabe recordar que el 25 de junio de 2021, el empresario de Río Blanco José Antonio May González denunció la irrupción ilegal en la bodega de su propiedad, así como las torturas a sus empleados, dando a conocer videos en los que se observa al director de la UECS, Rodolfo Astudillo Medina, participando en los actos de tortura.
A pesar de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el caso, tres de las víctimas se mantienen en prisión, pues el Poder Judicial del Estado declaró como legal su detención y los vinculó a proceso, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva.
Esta recomendación también fue emitida para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, puesto que la CNDH expresó que de conformidad con los artículos, 24, 25, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 72, 73 y 74 de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, existe la obligación de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno de reparar a las víctimas de una forma integral a través de las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición.
“A fin de que las autoridades estén en posibilidad de dar cumplimiento a la presente recomendación y calificar el propio cumplimiento de cada uno de los puntos recomendatorios, será necesario que se comprometan y efectúen sus obligaciones en la materia, establecidas en la ley”.
La CNDH emitió 7 recomendaciones, entre las que destacan que se colabore con la autoridad investigadora, en el seguimiento de la carpeta de investigación por los hechos y observaciones de la recomendación, a efecto de que la autoridad ministerial realice las investigaciones respectivas y resuelva lo que conforme a derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes.
Además, solicita que se giren instrucciones a fin de que le sean devueltos al agraviado todos los bienes de su propiedad y, de no ser posible su devolución, se pague su valor actualizado, remitiendo a la Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
En el documento oficial se refiere que la recomendación se emite con el propósito fundamental de hacer una declaración respecto de las conductas irregulares cometidas por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la Ley.