La FGE señala al presidente municipal de Ixhuatlán como el presunto asesino de la comunicadora, al respecto, la madre de la víctima exigió que “caiga todo el peso de la ley contra el implicado”
Por Fidel Pérez/especial para Latinus
Veracruz.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó el desafuero del alcalde emecista Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, como presunto autor intelectual del asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
El organismo estatal también solicitó el desafuero del alcalde emecista de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, pero hasta el momento no ha precisado los delitos que se le imputan.https://cf51b194f593672256b3fa5ab44f688f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html?n=0
Entrevistada por Latinus, Rubicelia Ramírez Posada, madre de Roxana, reconoció la labor de la fiscalía pero exigió que “no se trate de un chivo expiatorio. Quiero que caiga todo el peso de la ley contra el implicado”.
Acusó que desde la privación ilegal de la libertad de Roxana, ocurrida el 2 de junio pasado, supo que tanto el alcalde Raúl González y su homólogo, también emecista de Nanchital, José Luis Pérez Salinas, estaban involucrados en los hechos.https://d-2389046075337699195.ampproject.net/2605071401000/frame.html
La señora Rubicelia también pidió a la Fiscalía General del Estado investigar a Karina “N”, coordinadora de la policía municipal de Nanchital, y encontrar a su pareja José Luis “N”, elemento de aquella corporación, quien se encuentra prófugo, por su presunta participación con el asesinato de Roxana Guzmán.
“Yo se que con eso no me van a devolver a mi hija, pero aplicando todo el peso de la ley contra los responsables, se le hará justicia”, consideró Ramírez Posada.
Solicitud de la FGE
Desde el pasado 6 de julio, la Fiscalía General del Estado presentó ante el Congreso de Veracruz; a través del fiscal encargado de la Sub Unidad Integral de Impartición de Justicia de Nanchital, Iván Hernández González, una solicitud de desafuero para determinar si existen elementos para retirar la protección constitucional contra González Martínez y Bravo Montero.
La petición que hace la Fiscalía General del Estado al Congreso veracruzano es “para efecto de que esta fiscalía esté en condiciones de proceder penalmente en su contra”.
El documento, se relaciona con la carpeta de investigación ministerial relativa a la privación ilegal de la libertad y posterior asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, que suma ocho presuntos involucrados: cuatro integrantes de un grupo delictivo y cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste.
Postura de MC: que no se use a la FGE con fines políticos
La diputada local Elena Córdova Molina, emanada del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado, fijó su postura respecto a la solicitud de juicio de procedencia presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los alcaldes electos de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván: Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, respectivamente.
La congresista dijo que MC se sostiene firme en cuanto al cumplimiento de la ley, pero advirtió que no permitirán el uso político de las instituciones de procuración de justicia.
“Lo único que pedimos es algo muy sencillo: que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y que cada investigación se sostenga en pruebas, no en especulaciones. Confío en que la justicia debe investigar hechos, no perseguir adversarios (…). Nadie está por encima de la ley. Si existen elementos para investigar a cualquier persona, que las autoridades hagan su trabajo, pero que lo hagan con responsabilidad, con imparcialidad y con absoluto apego a la ley”, sostuvo la legisladora.
Córdova Molina expresó su preocupación sobre un posible sesgo en las acciones ministeriales y hizo un llamado a garantizar la imparcialidad del proceso.
“Nos preocupa y por eso hacemos un llamado muy respetuoso: que la justicia no se utilice como una herramienta para perseguir a la oposición o para obtener ventajas políticas. Nosotros no vamos a defender la impunidad, pero tampoco vamos a aceptar que se fabriquen delitos, que se condene a las personas desde los medios de comunicación o que la fiscalía pueda ser utilizada con fines políticos”, enfatizó.
Remarcó que la certidumbre en las instituciones depende de la correcta aplicación del marco normativo y exigió el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los señalados.
Cabe mencionar que, tras ser notificados formalmente, los alcaldes cuentan con un plazo de siete días hábiles —el cual vence el próximo martes— para presentar su defensa por escrito o comparecer directamente ante la Comisión Instructora. Una vez que concluya dicho plazo, la Comisión Instructora fijará la fecha para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, a fin de continuar con la integración de los expedientes.
Posteriormente, la comisión evaluará la documentación y los argumentos presentados para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen el avance del procedimiento. De ser así, se emitirá un dictamen que será turnado al Pleno del Congreso para su votación.