Por Miguel Ángel Cristiani G.
Bitácora Política
Tenemos un talento extraordinario: anunciar que seremos líderes mundiales antes de resolver los problemas elementales que arrastramos desde hace décadas. Nos encanta declararnos “a la vanguardia internacional”, aunque la realidad termine recordándonos que muchas veces seguimos atrapados en la retaguardia institucional.
Ahora llegó el turno de la Inteligencia Artificial.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la apertura de un debate nacional sobre el futuro tecnológico de México y la regulación de la Inteligencia Artificial. La respuesta no tardó. Desde la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, la legisladora Claudia Rivera Vivanco aseguró que el país enfrenta “una oportunidad histórica” para colocarse a la vanguardia internacional y manifestó la disposición de su grupo parlamentario para comenzar el análisis de una iniciativa presentada semanas atrás.
Hasta ahí, el anuncio resulta no sólo legítimo sino necesario. La Inteligencia Artificial está transformando la economía, la educación, la medicina, la seguridad, el empleo, la producción industrial y hasta la forma en que los ciudadanos consumen información. Ningún Estado responsable puede permanecer indiferente frente a una revolución tecnológica de semejante magnitud.
El problema comienza cuando el entusiasmo político sustituye al conocimiento técnico.
Regular la Inteligencia Artificial no consiste en redactar una ley llena de conceptos grandilocuentes. Implica comprender algoritmos, modelos generativos, protección de datos personales, propiedad intelectual, ciberseguridad, responsabilidad civil, transparencia algorítmica, derechos digitales y competencia económica. Es uno de los desafíos regulatorios más complejos que enfrenta cualquier democracia moderna.
La experiencia internacional ofrece suficientes lecciones. La Unión Europea tardó varios años en construir su Ley de Inteligencia Artificial, consultando universidades, empresas tecnológicas, organismos reguladores, especialistas en derechos humanos y expertos en innovación. Estados Unidos mantiene un modelo basado en lineamientos ejecutivos y regulación sectorial, mientras otras naciones apenas comienzan a definir sus propias estrategias.
México no puede improvisar.
El riesgo es que la discusión termine convertida en otro espectáculo legislativo donde predominen las consignas políticas sobre el conocimiento científico. Ya conocemos esa película. Se convoca a foros, se organizan mesas de trabajo, abundan los discursos sobre el futuro y, al final, aparece una ley llena de buenas intenciones, conceptos ambiguos y disposiciones imposibles de aplicar.
Lo verdaderamente preocupante es que el Estado mexicano todavía enfrenta enormes rezagos en materia de digitalización gubernamental. Existen dependencias que continúan operando con expedientes físicos, archivos desordenados, sistemas incompatibles entre sí y trámites que obligan al ciudadano a recorrer ventanillas como si internet nunca hubiera sido inventado. En esas condiciones, hablar de liderar la regulación mundial de la Inteligencia Artificial resulta, por decir lo menos, optimista.
La tecnología avanza a una velocidad que rebasa los tiempos tradicionales de la política. Mientras un Congreso discute una iniciativa durante meses, las plataformas tecnológicas ya desarrollaron nuevas versiones de sus modelos. Cuando finalmente se publica una ley, es frecuente que parte de su contenido haya quedado rebasado por la realidad.
Eso no significa renunciar a legislar. Significa legislar con inteligencia.
México necesita reglas claras para evitar el uso de la Inteligencia Artificial en campañas de desinformación, fraudes digitales, suplantación de identidad, manipulación electoral o discriminación algorítmica. También necesita impulsar la innovación científica, fortalecer la investigación universitaria y generar condiciones para que las empresas desarrollen tecnología nacional competitiva.
La regulación debe proteger derechos sin asfixiar la innovación. Debe ofrecer certeza jurídica sin convertirse en un obstáculo burocrático. Y, sobre todo, debe construirse escuchando a quienes verdaderamente conocen el tema, no únicamente a quienes levantan la mano cuando su partido les indica que es momento de opinar.
La Inteligencia Artificial no distingue colores partidistas ni obedece mayorías legislativas. Funciona con datos, evidencia, ciencia y desarrollo tecnológico. Precisamente los elementos que con demasiada frecuencia escasean cuando algunas decisiones públicas se toman más desde la lógica política que desde el conocimiento especializado.
Ojalá esta vez el Congreso sorprenda para bien. Ojalá el debate sea serio, plural y técnicamente sólido. Porque México sí necesita una legislación moderna. Lo que no necesita es otra colección de discursos triunfalistas destinados a anunciar una grandeza que después termina estrellándose contra la realidad administrativa.
Porque el mayor riesgo para México no es la Inteligencia Artificial: es seguir creyendo que la improvisación política puede sustituir al conocimiento y luego vender cada ocurrencia legislativa como si fuera un logro histórico.
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