Nudo gordiano//YURIRIA SIERRA
Hay preguntas que tardan dos años en responderse y respuestas que, cuando llegan, abren preguntas peores. Ayer supimos, por fin, quién voló la avioneta que el 25 de julio de 2024 llevó a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López de Culiacán a Nuevo México: Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán, pieza de Los Chapitos, según confirmó la propia FGR. Misterio resuelto, diría cualquiera. Pero el nudo no está en el nombre. Está en el itinerario.
Porque resulta que el piloto —el testigo más valioso del episodio que fracturó al Cártel de Sinaloa, incendió Culiacán y abrió una crisis diplomática con Washington— estuvo en manos del Estado mexicano. No una vez: dos. Fue capturado el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, tras un ataque armado contra el Ejército y la Guardia Nacional que dejó un militar muerto. Al momento de su detención se identificó con otro nombre, y ahí empezó el juego de las identidades: el hombre que sabía todo dijo llamarse de otro modo, negó pertenecer al cártel, negó el vuelo, negó todo. Y funcionó. En agosto de 2025 fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 capos, con base en la Ley de Seguridad Nacional, empaquetado en un lote de “alta peligrosidad” sin que nadie advirtiera que dentro de ese lote iba la llave de la carpeta más delicada de la Fiscalía.
Fue hasta junio de 2026 cuando Ernestina Godoy y su equipo encontraron coincidencias de voz y de huellas dactilares que vinculaban al detenido con el piloto del traslado. Es decir, diez meses después de haberlo entregado. El Estado mexicano tuvo bajo custodia al hombre que podía responder las preguntas centrales —¿quién planeó?, ¿quién autorizó? y ¿quién ejecutó el vuelo que sacó a El Mayo del país?— y lo despachó al norte sin saber a quién despachaba. Y hay un detalle previo todavía más incómodo: tras entregar a Zambada, el piloto fue deportado a México por Estados Unidos, y siguió operando para Los Chapitos hasta su detención. O sea que cruzó la frontera de ida con el capo, de regreso como deportado, y de ida otra vez como extraditado. Tres vuelos, ninguna alerta.
La FGR asegura que su entrega no extingue las investigaciones, que conserva grabaciones, peritajes y entrevistas, y que puede solicitar nuevas diligencias mediante asistencia jurídica. Puede ser. Pero la asistencia jurídica es un mecanismo lento y discrecional que depende de la voluntad del mismo gobierno que, según la propia fiscal, durante las inspecciones de 2024 en Texas y Nuevo México impidió el trabajo ministerial, ocultó la identidad del piloto y dio datos imprecisos sobre la aeronave. Le pediremos el testimonio a quien lleva dos años escamoteándonos los hechos.
Y mientras tanto, la escena se completa con su símbolo perfecto: el avión del traslado fue donado por el FBI a un museo de Santa Teresa, Nuevo México, exhibido como trofeo de un operativo que, según Ken Salazar, nunca existió. “No era nuestro avión, no era nuestro piloto, no era nuestra operación”, insiste el exembajador, que además promociona memorias donde narra el episodio. “¿Quién mintió?”, preguntó la presidenta Sheinbaum. La respuesta corta es que alguien, en alguna de las dos capitales, lleva dos años mintiendo. La respuesta larga es que el único que podía deshacer el nudo con nombres, fechas y órdenes está hoy en una celda estadunidense, con un acuerdo de culpabilidad por tráfico de drogas y, previsiblemente, con instrucciones de guardar silencio sobre lo demás.
¿Y dónde estaba el piloto? Estuvo siempre a la vista: en el aire, en Jesús María, en un penal federal, en la lista de entregados. Lo que nunca estuvo a la vista fue la voluntad —o la capacidad— de reconocerlo a tiempo. La soberanía no sólo se viola con vuelos ajenos que aterrizan en Nuevo México; también se erosiona cuando el Estado entrega, por descuido o por conveniencia, la única evidencia viviente de esa violación. El avión ya está en un museo. La verdad, por lo visto, también: en exhibición, pero intocable.
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