Xalapa, Ver., 22 de junio de 2026.- El abogado y ex trabajador de la Universidad Veracruzana (UV), Rodolfo Donaldo Vázquez Moreno, denunció presuntos actos de hostigamiento institucional, abuso de poder y obstáculos a su ejercicio profesional por parte de autoridades de la máxima casa de estudios, situación que —afirmó— comenzó durante su etapa laboral dentro de la institución y continuó después de su despido, ahora que representa jurídicamente a trabajadores universitarios.
Durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Xalapa, el litigante leyó un comunicado público en el que responsabilizó al rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez; al abogado general, Heroy Muñoz Gómez; y al director de Asuntos Jurídicos, Carlos Alberto Pedreguera García, de encabezar acciones orientadas a desacreditarlo profesionalmente y limitar su trabajo como abogado.
Vázquez Moreno explicó que laboró como analista jurídico en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Veracruzana hasta el pasado 27 de mayo de 2026, fecha en la que fue separado de su cargo mediante un procedimiento laboral que calificó como irregular y que anunció combatirá ante las instancias correspondientes.
Afirma que primero acudió a Derechos Humanos y después fue despedido
Durante la sesión de preguntas y respuestas, el abogado sostuvo que antes de la rescisión de su contrato presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al considerar que era víctima de hostigamiento dentro de la institución.
“En primer momento fue acudir a Derechos Humanos y posteriormente se instauró el procedimiento en mi contra”, señaló.
De acuerdo con su versión, tras la llegada de los actuales titulares de la Oficina del Abogado General y de la Dirección de Asuntos Jurídicos comenzó una serie de acciones que incluyeron retiro de funciones, exclusión profesional, hostigamiento y la apertura de un procedimiento disciplinario laboral que concluyó con su despido.
Asimismo, rechazó las acusaciones que presuntamente motivaron el procedimiento laboral.
“Ellos acusan situaciones como que yo me autoasignaba procedimientos; sin embargo, esa situación evidentemente en ningún momento pasó”, afirmó.
Representa a ocho trabajadoras y trabajadores universitarios
Vázquez Moreno informó que actualmente representa jurídicamente a aproximadamente ocho personas vinculadas a la Universidad Veracruzana, cuyos casos están relacionados con denuncias por violencia de género, hostigamiento laboral y presuntas violaciones a derechos dentro de la institución.
Precisó que ya no mantiene ninguna relación laboral con la UV y que actualmente actúa como abogado externo.
“Yo puedo ya ser abogado externo de las partes”, expresó.
El litigante aseguró que, tras su salida de la universidad, comenzó a representar a trabajadores que buscan asesoría jurídica en distintos procedimientos internos y que, a partir de ello, se intensificaron las acciones en su contra.
Denuncia obstáculos para ejercer su defensa legal
Uno de los principales reclamos del abogado se centra en hechos ocurridos el pasado 19 de junio de 2026, cuando acudió a diligencias universitarias en representación de trabajadoras que mantienen procedimientos administrativos y laborales contra dependencias de la institución.
Según explicó, durante una audiencia relacionada con una queja laboral le fue impedido el acceso debido a una orden de restricción implementada mediante la plataforma institucional Veracruzana Protegida.
El abogado sostuvo que dicha medida fue utilizada como una estrategia para impedir que ejerciera la defensa de sus representadas.
“Precisamente fue una estrategia para que al momento de que yo estuviera en un acta circunstanciada, en una audiencia, ellos pudieran retirarme del lugar y no poder yo defender a mi representado. Fue una estrategia jurídica que ellos implementaron”, afirmó.
Niega estar acusado por violencia de género
Durante la conferencia, reporteros cuestionaron al abogado sobre versiones periodísticas que lo relacionaban con una presunta violación a medidas de protección o con señalamientos por violencia de género.
Vázquez Moreno negó categóricamente estar sujeto a un procedimiento de esa naturaleza y aclaró que los asuntos de violencia de género mencionados durante la conferencia corresponden a los casos de las personas que representa legalmente.
“Yo lo que comento es del tema que yo fui a representar”, respondió al ser cuestionado.
También afirmó que no existe documento oficial que establezca que fue despedido por ejercer violencia contra alguna persona.
“Formalmente y como queda sentado en la documentación oficial no hay ningún motivo por el cual a mí me hayan rescindido por violentar a alguna persona. Todo fue una situación meramente administrativa la cual evidentemente se va a ventilar ante el tribunal laboral correspondiente”, declaró.
Señala uso indebido de recursos institucionales
En su comunicado, el abogado aseguró que autoridades universitarias utilizaron recursos institucionales para afectar su imagen y obstaculizar su ejercicio profesional.
Entre sus señalamientos destacó la presunta movilización de alrededor de 50 servidores públicos, el uso de la plataforma Veracruzana Protegida, llamadas de emergencia y acciones administrativas que, según dijo, fueron empleadas para restringir su participación como representante legal de trabajadores universitarios.
Asimismo, acusó que diversos medios de comunicación difundieron versiones inexactas de los hechos, presentándolo como presunto infractor de medidas judiciales o incluso como una persona detenida por autoridades policiacas.
Pide intervención de Rocío Nahle y de la CEDH
El abogado solicitó públicamente la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Regina Pérez López, con el propósito de que se dé seguimiento puntual a su caso y se implementen mecanismos de protección.
“Que ya también cesen todos los abusos de la universidad”, expresó.
Al ser cuestionado sobre qué espera específicamente de la Universidad Veracruzana, respondió que la institución debe poner fin a las acciones que, a su juicio, afectan tanto su reputación como la de la propia casa de estudios.
“Que ya dejen ellos de generar esas acciones que totalmente manchan su reputación como institución”, manifestó.
Finalmente, reiteró que los procedimientos laborales, administrativos y de derechos humanos continúan en curso, por lo que será ante las autoridades competentes donde buscará demostrar la legalidad de sus planteamientos y combatir la rescisión de su contrato.