Xalapa, Veracruz, lunes. — Una familia de adultos mayores originaria de Coatepec denunció públicamente un presunto fraude inmobiliario, despojo patrimonial, falsificación de actos notariales y amenazas de muerte, hechos que —aseguran— involucran a notarios, abogados, funcionarios judiciales y particulares vinculados a una presunta red de corrupción en la región.
Durante una rueda de prensa realizada este lunes, Obdulia Siliceo Viveros y su esposo José Luis Monge Aldama solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para esclarecer la propiedad legal de diversos inmuebles familiares, entre ellos el Complejo Deportivo San Jerónimo, ubicado en Coatepec.
“Tenemos todos los documentos que acreditan que mi esposo es el dueño. Tenemos libertad de gravamen, escrituras y todos los papeles en regla, pero apareció un señor llamado Francisco Javier que dice que también tiene escrituras”, expresó Obdulia Siliceo Viveros.
La mujer, quien señaló tener más de 80 años y más de seis décadas de matrimonio, afirmó que las propiedades son una herencia familiar y no bienes adquiridos mediante compra.
“Nosotros no somos gente de dinero. Lo único que tenemos es la herencia de mi esposo”, declaró.
Los denunciantes explicaron que dentro del terreno se encuentra el Complejo Deportivo San Jerónimo, el cual permanece clausurado desde hace aproximadamente un año y medio.
Según relataron, la clausura ocurrió durante la administración municipal de Reymundo Andrade Rivera, bajo el argumento de presunta venta de alcohol, acusación que rechazaron.
“Nos clausuraron diciendo que vendíamos alcohol, pero nunca hemos vendido alcohol. Apenas se llegaban a vender algunas cervezas y no en grandes cantidades”, aseguraron.
La familia afirmó que el actual alcalde, Ignacio Luna Hernández, prometió durante campaña retirar los sellos de clausura; sin embargo, acusaron que únicamente han recibido solicitudes constantes de documentación y largas administrativas.
“Nos piden papeles y más papeles. Todo se los hemos llevado y no han cumplido”, reclamaron.
Durante la conferencia también denunciaron al notario número 6 de Xico, Joel López García, y al abogado Delfino Bonilla Zamora, a quienes señalaron de presuntamente haber engañado al padre de familia cuando se encontraba convaleciente tras una operación.
De acuerdo con Fernando Montes, familiar de los afectados, el adulto mayor fue llevado a firmar lo que supuestamente sería un poder notarial, aunque en realidad terminó firmando un testamento.
“Le hicieron creer a mi papá que iba a firmar un poder, pero resultó ser un testamento donde nombraban heredero universal a Jorge Alfredo Hernández Marín de las Vivas, una persona totalmente ajena a nuestra familia”, denunció.
Asimismo, acusaron al notario número 30 de Emiliano Zapata, Manuel Díaz Rivera, de participar en otra operación irregular relacionada con un supuesto crédito Infonavit.
Según la denuncia, la familia nunca recibió dinero alguno; sin embargo, posteriormente descubrieron que la vivienda había sido escriturada a nombre de Aldo Jair Hernández Marín.
“Nunca recibieron un peso. Lo que hicieron fue firmar las escrituras de su casa mediante engaños”, señalaron.
Los denunciantes agregaron que el inmueble fue reportado ante el Registro Público de la Propiedad por un monto menor al valor real, presuntamente para evadir impuestos.
“La casa estaba valuada en un millón 800 mil pesos y fue reportada por un millón 180 mil”, afirmaron.
Durante la rueda de prensa también acusaron la existencia de una presunta red de corrupción integrada por notarios, fiscales, abogados y funcionarios judiciales.
“Esto es una red de corrupción donde participan notarios, fiscales y licenciados que terminaron despojando a mis padres”, acusaron.
Incluso señalaron directamente al juez Francisco Javier Hernández Lima, a quien acusaron de haber presentado a las personas involucradas en el conflicto.
La familia aseguró que el caso actualmente se encuentra en litigio; sin embargo, continúan habitando la propiedad mientras avanzan los procedimientos legales.
“No nos hemos salido de nuestra casa. Ahí siguen viviendo mis padres”, explicaron.
Además, denunciaron haber recibido amenazas de muerte derivadas del conflicto legal y patrimonial.
“Tenemos miedo de estar aquí porque hemos recibido amenazas”, expresaron.
En el documento entregado a medios de comunicación, titulado “Denuncia Cártel Inmobiliario Coatepec, Veracruz”, los afectados sostienen que los hechos ya fueron denunciados formalmente mediante diversas carpetas de investigación.
También acusaron al conductor Jorge Garralda, de Fuerza Informativa Azteca, de haber difundido información en favor de una de las partes involucradas sin otorgarles derecho de réplica.
“A ellos sí los entrevistaron, pero a nosotros nunca nos escucharon, aun cuando tenemos toda la documentación en regla”, reclamaron.
Finalmente, hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para intervenir en el caso y garantizar certeza jurídica sobre las propiedades en disputa.
“Somos personas adultas mayores y sólo queremos justicia. Que la gobernadora nos ayude a esclarecer quién es el verdadero dueño”, concluyeron.
