Crónicas del Poder
Por José Pérez Cruz
- Entre el alertamiento y la logística de evacuación
- Muertos y escenas dramáticas de la inundación, indican que falta mucho por hacer
La cifra de 18 muertos en Veracruz por las inundaciones, lleva irremediablemente a pensar que algo falló.
Las inundaciones que azotaron los municipios de Álamo Temapache y Poza Rica, Veracruz, entre el 7 y 10 de octubre de 2025, han dejado un saldo devastador: viviendas afectadas, infraestructura colapsada y comunidades enteras sumidas en la incertidumbre.
Las lluvias torrenciales, superiores a los 300 milímetros en 72 horas, desbordaron el río Cazones, exacerbadas por la tormenta tropical Raymond y ondas tropicales, afectando a más de 55 municipios veracruzanos.
En este contexto, el sistema de alertamiento de Protección Civil ha sido objeto de escrutinio, con críticas que señalan fallas en su efectividad, particularmente desde la perspectiva de la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana en la zona de Poza Rica, que denuncia la falta de alertas tempranas y la continuación de actividades académicas en plena crisis.
Desde el ámbito oficial, las autoridades de Protección Civil, tanto a nivel federal como estatal, han defendido la activación de protocolos preventivos.
La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, destacó que el 7 de octubre se emitieron alertas tempranas basadas en los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipaban lluvias intensas y riesgos de inundaciones urbanas, deslaves y desbordamientos de ríos.
El 9 de octubre, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz activó una Alerta Gris, instando a la población a prepararse para el impacto.
Horas antes del pico de la emergencia, el 10 de octubre, se advirtió específicamente sobre el inminente desbordamiento del río Cazones, lo que permitió la habilitación de refugios temporales, como la Casa del Migrante en Poza Rica, y la evacuación de al menos 150 personas en zonas vulnerables.
El operativo conjunto entre el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y autoridades locales fue presentado como un esfuerzo coordinado para mitigar el impacto.
Sin embargo, la percepción en las comunidades afectadas dista de la narrativa oficial.
POSIBLES CARENCIAS LOGÍSTICAS
Residentes de colonias como Morelos, La Florida y Lázaro Cárdenas en Poza Rica reportaron una respuesta tardía e insuficiente. Testimonios locales describen cómo el agua subió hasta 2.5 metros en cuestión de minutos, atrapando a familias en los techos de sus hogares.
Un caso particularmente conmovedor fue el de un menor aferrado a un árbol, pidiendo auxilio, lo que refleja la desesperación ante la falta de presencia inmediata de equipos de rescate.
Un par de abuelitos abrazados, buscan sostener al paso de la corriente del Río desbordado.
Estas escenas señalan una desconexión entre la emisión de alertas y su implementación práctica, limitada por la magnitud del evento y posibles carencias logísticas.
Un punto de controversia adicional proviene de la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana, particularmente de la Facultad de Odontología en Poza Rica.
CON EL DESASTRE EN PUERTA, IBAN A PRESENTAR EXÁMENES
Estudiantes denunciaron que, a pesar de las alertas meteorológicas, no se suspendieron las actividades académicas de manera oportuna.
Incluso el 10 de octubre, en el punto álgido de la crisis, algunos alumnos debían de ir a sus salones para presentar exámenes, lo que los expuso a riesgos innecesarios en medio de inundaciones y cortes de caminos. Muchos optaron por ponerse a salvo.
Esta situación ha generado indignación, ya que se esperaba que una institución educativa, consciente de su responsabilidad social, priorizara la seguridad de su comunidad.
La falta de coordinación entre las autoridades universitarias y los sistemas de Protección Civil pone en evidencia una falla estructural en la comunicación y la toma de decisiones durante emergencias.
Rocío Nahle han reconocido la gravedad de la situación. Para muchos peor que las históricas inundaciones de 1999. Se enfatizado los esfuerzos de recuperación, incluyendo la instalación de puestos de mando unificados y la distribución de apoyos a los damnificados. Sin embargo, estas medidas no han mitigado del todo el descontento social, que reclama una mayor preparación y capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes debido al cambio climático.
El caso de Álamo y Poza Rica refleja un desafío complejo para los sistemas de Protección Civil en México.
Si bien la emisión de alertas tempranas demuestra avances en la capacidad de monitoreo y prevención, la ejecución de estas medidas sigue enfrentando obstáculos, desde limitaciones logísticas hasta fallas en la comunicación interinstitucional.
La experiencia de la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana subraya la necesidad de integrar a todos los sectores en los planes de contingencia, asegurando que las alertas se traduzcan en acciones concretas y oportunas.
Las inundaciones de octubre de 2025 en Veracruz son un recordatorio de que los sistemas de alertamiento, aunque esenciales, deben ir acompañados de una infraestructura robusta y una coordinación efectiva entre autoridades, instituciones y ciudadanos.
Solo así se podrá garantizar que las alertas no queden en papel, sino que realmente protejan a las comunidades más vulnerables ante los crecientes desafíos del cambio climático. Los muertos son la prueba de que falta mucho por hacer.
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