- El gobierno de Trump quiere que la presidenta Claudia Sheinbaum detenga a un gobernador mexicano. Ella cuenta con pocas buenas opciones como respuesta.
Por Jack Nicas y Emiliano Rodríguez Mega
Ciudad de México (nytimes.com).- Una granada política acaba de caer en manos de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México.
El miércoles, fiscales estadounidenses presentaron una acusación contra uno de los políticos más destacados de su partido —Rubén Rocha Moya, gobernador del estado mexicano de Sinaloa— en la que se decía que durante mucho tiempo había apoyado a un poderoso cártel de la droga que ha aterrorizado a los mismos ciudadanos a los que juró proteger.
Estados Unidos pidió al gobierno de Sheinbaum que lo detuviera rápidamente, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos mencionados en la acusación.
Esto ha hecho que Sheinbaum tenga poco tiempo para tomar una decisión importante.
Podría detener a uno de los aliados de su partido y extraditarlo a Estados Unidos, una medida que probablemente reforzaría su vínculo con el presidente Donald Trump pero que también molestaría a los políticos de su partido que sostienen que el gobierno estadounidense ha estado presionando a Sheinbaum.
O podría desafiar la solicitud estadounidense y proteger a Rocha, lo que podría reforzar su posición dentro de su partido, pero fracturaría su relación con Estados Unidos.
“Estás en un momento político en donde, si entregas a Rocha Moya, te avientas todo el pleito político que eso supone en lo nacional”, dijo Lisa María Sánchez, analista de seguridad mexicana. “O lo proteges y entonces sigues dando elementos para siguientes casos de que efectivamente el gobierno mexicano sí protege la vinculación político-criminal”.
El jueves, Sheinbaum habló por primera vez públicamente desde que se hizo pública la acusación, e inmediatamente dejó claro que estaba preparada para enfrentarse a Estados Unidos.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, dijo en una declaración con la que abrió su conferencia de prensa diaria. “Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
Añadió que Estados Unidos no había aportado pruebas suficientes para apoyar la detención de los funcionarios acusados y que la fiscalía mexicana abriría su propia investigación. Las autoridades mexicanas detendrían a Rocha solo si concluyen de forma independiente que ha cometido un delito, dijo, o si reciben “pruebas contundentes e irrefutables” de Estados Unidos.
