Por José Luis Pérez Cruz,
- La apuesta de Morena para blindar el poder
- AL OÍDO: Vienen a capacitar a los que llegan
Morena ha puesto una carta audaz sobre la mesa: empatar la consulta de revocación de mandato presidencial con las elecciones intermedias de 2027.
La propuesta, defendida por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, pretende reformar el artículo 35 constitucional para que la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta el mismo día en que se elegirán diputados federales, gobernadores, alcaldes y magistrados.
El argumento es económico: “ahorrar recursos, evitar el dispendio”. Pero en la política mexicana, nada es tan simple como parece.
Bajo la superficie del discurso de austeridad se esconde una estrategia de legitimación.
Empatar ambos procesos equivaldría a colocar a la presidenta al centro de una elección que, en teoría, debería evaluar a los gobiernos locales y al Congreso.
Con ello, el oficialismo busca convertir la jornada intermedia en un referéndum sobre Sheinbaum, difuminando los límites entre evaluación ciudadana y campaña electoral.
La iniciativa no es menor. Si se aprueba, la mandataria tendría una presencia directa en las urnas, lo que inevitablemente influiría en el ánimo del electorado.
La revocación se transformaría en una suerte de ratificación anticipada, una oportunidad para medir la fortaleza del liderazgo presidencial y reforzar la narrativa de respaldo popular que Morena ha sabido explotar desde 2018.
EL PESO DE LA FIGURA PRESIDENCIAL
La oposición, encabezada por Rubén Moreira y Noemí Luna, ha respondido con dureza. Califican la reforma como una maniobra “para que la Presidenta se meta a la boleta”, un intento por arrastrar votos en favor de los candidatos morenistas. Y no les falta razón.
En un país donde la figura presidencial sigue siendo el eje simbólico de la política, cualquier consulta paralela a una elección tiene un peso emocional y mediático incalculable.
Desde una perspectiva institucional, el riesgo es claro: la coincidencia de procesos podría distorsionar la finalidad de la revocación de mandato, diseñada como un mecanismo ciudadano de control, no como un instrumento de ratificación política.
Al fusionar ambas elecciones, Morena diluye la naturaleza de la consulta y la convierte en un componente más de su maquinaria electoral.
Sin embargo, la estrategia también encierra un peligro para el propio partido en el poder. Si la administración de Sheinbaum enfrenta para 2027 un entorno económico adverso o un desgaste político —algo común en los gobiernos a mitad del sexenio—, la consulta podría convertirse en un boomerang.
Un voto de castigo en una jornada tan amplia tendría consecuencias devastadoras para la narrativa de continuidad.
En el fondo, la propuesta revela la ansiedad del oficialismo ante el desgaste natural del poder. Morena busca blindarse de la fragmentación interna y de la pérdida de terreno en los estados, apelando al liderazgo presidencial como ancla de cohesión.
La presidenta, con un capital político aún sólido, podría ser la figura que mantenga alineadas las piezas de un movimiento que enfrenta su primera gran prueba sin López Obrador al frente.
¿MANIOBRA DE CONTROL?
Los escenarios son múltiples. Si la reforma prospera, 2027 podría convertirse en una elección de alto voltaje político, donde la ciudadanía no sólo elija a sus representantes, sino que decida si la presidenta continúa o no en el cargo.
Pero si la iniciativa se percibe como una maniobra de control, el efecto podría ser contrario: un despertar del voto opositor y un desgaste prematuro del nuevo gobierno.
Al final, lo que está en juego no es la fecha de una consulta, sino el equilibrio entre la legitimidad democrática y el poder electoral. Morena parece dispuesta a apostar por la primera, aun a costa de poner en riesgo la segunda. Y en política, cuando el cálculo de la permanencia se impone al espíritu de la ley, el costo siempre termina pagándolo la democracia.
AL OÍDO
Será la próxima semana cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVII Legislatura, Esteban Bautista Hernández, al sur de Veracruz acompañado por otros diputados y, posiblemente, por la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), para realizar una jornada más de capacitación dirigida a las autoridades electas, con motivo del proceso de entrega-recepción de la administración pública municipal.
Estas jornadas se han estado llevando a cabo en distintos puntos del estado de Veracruz, donde, de la mano del Congreso y del Orfis, se busca hacer menos tortuoso el cambio administrativo, tanto para los alcaldes electos como para quienes están por concluir su gestión.
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