Hay que precisar: con independencia de considerar si la emisión del Decreto (DOF: 18/05/2023) del presidente de México es o no desacato, lo cierto es que, en su caso, técnicamente en este momento no podría ser.
¿La razón? Será hasta el próximo lunes 22 que la SCJN determine los efectos de la resolución de hoy. Además, formalmente aún no ha sido notificado el Ejecutivo Federal y sus dependencias involucradas.
Hasta que eso no suceda, no se podrá hablar de un posible desacato o repetición o aplicación indebida del acto declarado inválido (Acuerdo Presidencial DOF: 22/11/2021).
Si se repitiera el acto reclamado la SCJN, de conformidad con el último párrafo del artículo 105 constitucional en relación con el diverso 107, fracción XVI, en teoría se podría separar al presidente de México del cargo y consignarlo o dar vista al MP.
Sin embargo, el panorama se pondría más complicado porque estaríamos ante un caso inédito: hay que tener en cuenta que el artículo 108, p. 2, en relación con el 111, p. 4, realmente le da al presidente un “superfuero” que, en términos reales y dada la conformación actual de ambas Cámaras del Congreso, haría imposible que AMLO pueda ser juzgado penalmente (diputados, acusan y senadores, sentencian), pero le redituaría políticamente (como sucedió con su desafuero de 2004-2005) y para seguir atacando a la SCJN en una época preelectoral.
De hecho, el presidente de México tampoco es sujeto de juicio político. Así que ese discurso de que el titular del Ejecutivo Federal ya no tiene inmunidad procesal (“fuero”) es totalmente falso.
Por supuesto, en estos momentos podemos afirmar que lo que ha hecho el presidente (expedir el Decreto de hoy) es lo que él constantemente se queja: una chicanada o simplemente, un acto de desprecio a la Constitución, a la división de poderes, a la SCJN y a la democracia constitucional. Un acto autoritario e indefendible.
Eso, lo debiera de saber la Consejería Jurídica de la Presidencia, pero ni le aconseja nada, ni le recuerda que el 1 de diciembre de 2018 protestó cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen. Letra muerta, en la práctica.
Pero… ¿qué le podemos pedir a quién afirma…? “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
Vivimos en tiempos de oscurantismo constitucional.
(Imagen tomada para ilustrar de El Economista)