Las decisiones del Poder Judicial, un insulto a los veracruzanos que votaron
Quetzalli Hernandez
Por Si Estaban Con El Pendiente
El Poder Judicial del Estado de Veracruz comenzó este jueves la entrega de nombramientos para jueces, se sacó de la manga una figura que no tiene sustento legal y que está siendo utilizada como un mecanismo para imponer a personas que no fueron electas en las urnas pero que serán impuestas por así convenir a los intereses de quien gobierna el estado.
Más allá del tecnicismo, lo grave es el mensaje que se emite que indica que el voto no importa, porque lo que importa es estar en el grupo correcto y mientras algunos jueces que ganaron legítimamente en la elección interna son presionados para renunciar a sus cargos, o enviados a zonas alejadas, otros —que perdieron— están siendo premiados con plazas estratégicas, como Xalapa y Coatepec.
Esta operación está siendo ejecutada desde el Órgano de Administración del Poder Judicial, encabezado por Alma Rosa Flores Ceballos, quien, hay que decirlo con claridad, sí tiene facultades otorgadas por la nueva legislación para tomar decisiones administrativas pero, el problema es cómo se está utilizando esa facultad para favorecer intereses políticos y no para fortalecer al poder judicial.
El proceso de selección de jueces, vendido como un ejercicio democrático y transparente, resultó ser una farsa, se promovió la participación ciudadana, se hizo campaña, se celebraron resultados y al final, los dados ya estaban cargados, tenían todo planeado para imponer a sus jueces aún cuando perdieran la elección.
La actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández, no forma parte del grupo cercano a la gobernadora Rocío Nahle, está limitada en sus funciones y no puede más que observar cómo otros controlan sin ella ser tomada en cuenta pues el poder real sigue concentrado en quienes fueron colocados estratégicamente por la administración anterior, y que hoy responden a las directrices del Ejecutivo estatal “el órgano de administración” al cuál sí controla la gobernadora Rocío Nahle.
Es así como se desmantela la justicia desde dentro, no con un golpe, sino con nombramientos disfrazados de legalidad, que en el fondo son acuerdos políticos y, mientras eso ocurre, la ciudadanía —que confió en un proceso que prometía independencia y renovación— es burlada sin el menor recato.
La sahumada simbólica que se realizó en el Tribunal, buscando purificar el ambiente judicial, ha sido una perdida de tiempo porque ningún rito puede limpiar lo que se está ensuciando con decisiones políticas que pisotean el orden legal y se burlan de los Veracruzanos.
Lo que ocurre hoy en el Poder Judicial de Veracruz no es un detalle técnico ni una disputa interna, es un retroceso grave en la construcción de instituciones imparciales y autónomas y si esto pasa en el corazón de la justicia, no se puede esperar una impartición de justicia justa y legal.
¿Permitirá la presidenta Rosalba Hernández la primera injusticia del nuevo poder judicial? ¿formará parte del abuso y la ilegalidad? Y después de estas imposiciones ¿Qué sigue en este basurero judicial?
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